La administración de Estados Unidos, liderada por Donald Trump, decidió otorgarle a la Argentina un margen de maniobra de un mes para que Javier Milei pueda manejar con mayor libertad la política cambiaria antes de las elecciones legislativas de medio término.
La relación bilateral atraviesa su mejor momento histórico —incluso más estrecha que en los años 90—, según coinciden en Washington. Sin embargo, esa sintonía política y el alineamiento de Argentina con Occidente no alcanzarán para evitar los ajustes que exige Estados Unidos al programa económico. Tanto el gobierno norteamericano como el sector privado insisten en la necesidad de reformas que aceleren las inversiones y liberen el potencial económico del país.
Por ahora, no hay un pedido formal para eliminar las bandas de flotación cambiaria, pero sí una clara exigencia: fortalecer las reservas internacionales del Banco Central (BCRA) después del 26 de octubre.
La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, lo expresó con cautela: “Apoyamos a Argentina en la implementación de políticas que salvaguarden la estabilidad, reduzcan la inflación, reconstruyan las reservas y mejoren las perspectivas de crecimiento”, escribió en X (antes Twitter).
Más directa fue su ex número dos, Gita Gopinath, al señalar que “el apoyo de Estados Unidos ayuda a prevenir fluctuaciones cambiarias especulativas. Sin embargo, un progreso duradero requerirá que Argentina adopte un régimen cambiario más flexible, acumule reservas y logre consenso interno para sus reformas”.
La acumulación de dólares puede lograrse con un mayor superávit comercial —es decir, más exportaciones que importaciones—, con un saldo positivo en la cuenta corriente —por ejemplo, reduciendo el gasto de argentinos en el exterior— o con un flujo significativo de inversiones, algo poco probable en el corto plazo.
En este contexto, la estrategia oficial será impedir que el dólar caiga por debajo de los $947 —el piso de la banda de flotación— antes de que el BCRA logre recomponer reservas. Para aumentar el ingreso de divisas será necesario avanzar hacia una flotación más libre, donde el precio de equilibrio del dólar podría ubicarse por encima del actual.
Además, Estados Unidos —que planea asistir a Milei para evitar un default— quiere ver cómo se implementan en Argentina reformas estructurales de largo plazo, fundamentales para atraer inversión privada. Se trata de las clásicas reformas laboral, jubilatoria y tributaria, íntimamente conectadas entre sí.
Estas transformaciones deben surgir de un amplio consenso político entre el oficialismo y la oposición, para garantizar su continuidad en el tiempo. La Libertad Avanza (LLA) mejorará su representación parlamentaria tras las elecciones, pero aún así necesitará tejer alianzas.
Desde el sector empresarial estadounidense consideran que la reforma laboral debería actualizar el marco normativo a las nuevas tecnologías y modalidades de contratación flexible, además de facilitar la finalización de vínculos laborales sin riesgo de juicios interminables.
En Washington también creen que una reforma tributaria debería impulsar la formalización de la economía, mientras que una reforma previsional —posiblemente con aumento en la edad jubilatoria y el fin de las moratorias— tendría que garantizar la sustentabilidad del sistema, con más aportantes activos que beneficiarios pasivos.
Finalmente, en línea con el cronograma de metas cualitativas acordadas con el FMI, se espera que Argentina acelere las privatizaciones de empresas públicas, elimine la mayoría de los fondos fiduciarios (excepto el destinado a la zona fría del gas), desregule el mercado eléctrico y redireccione la asistencia social a quienes más la necesitan.
