La iniciativa busca que más argentinos logren acceder a empleos formales, productivos y sostenibles, revirtiendo una tendencia de estancamiento desde hace décadas
Por Dr. Gastón Ferretti
Experto en Derecho Laboral
ferrettiabogados.com
En el marco del reciente debate legislativo impulsado por el Poder Ejecutivo bajo el expediente PE-159/25, la propuesta de «Modernización Laboral» se ha posicionado en el centro de la agenda pública. Lejos de las visiones que plantean una contradicción entre derechos y actualización normativa, la reforma busca establecer un nuevo paradigma: modernizar el derecho del trabajo no es deshumanizarlo, sino dotarlo de la viabilidad necesaria para que cumpla su misión original.
El objetivo central de esta iniciativa es permitir que más argentinos logren acceder a empleos formales, productivos y sostenibles en el tiempo, revirtiendo una tendencia de estancamiento que afecta al mercado laboral desde hace décadas.
Una estructura pensada para la inclusión
El proyecto de ley introduce modificaciones sustanciales a la histórica Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744, adaptando sus disposiciones a las modalidades productivas del siglo XXI. Entre los cambios más destacados, el dictamen propone una redefinición del concepto de trabajo, entendiendo éste como una actividad productiva y creadora del ser humano, pero siempre dentro de un marco de intercambio económico disciplinado por la ley.
Esta visión integral busca proteger tanto al trabajador como a la fuente de empleo. Para garantizar que la modernización no vulnere la dignidad del empleado, el texto legal ratifica principios fundamentales como la irrenunciabilidad de los derechos: cualquier convención que pretenda suprimir o reducir los beneficios previstos en la ley será considerada nula.
Formación y adaptación al cambio
Uno de los pilares de esta reforma es la incorporación de la formación profesional como un derecho fundamental. El artículo 11 bis propuesto establece que la promoción y capacitación en el trabajo deben darse en condiciones igualitarias de acceso y trato. Este enfoque reconoce que un trabajador capacitado es más productivo y tiene mayores posibilidades de mantener su empleo en un entorno tecnológico cambiante.
Además, el proyecto clarifica los ámbitos de aplicación, excluyendo de este régimen general a sectores que ya cuentan con regulaciones específicas —como el personal de casas particulares o los trabajadores agrarios— y a las nuevas figuras de la economía digital, como los prestadores independientes de plataformas tecnológicas.
Viabilidad frente a la desinformación
Frente a las críticas que sugieren que cualquier cambio normativo implica un retroceso, los fundamentos del dictamen subrayan que la verdadera «deshumanización» ocurre cuando el sistema expulsa a los trabajadores hacia la informalidad. Hoy, millones de argentinos se encuentran fuera del sistema de protección social debido a leyes que, aunque bien intencionadas en su origen (1976), no responden a la realidad actual.
La modernización propone mecanismos de resolución de conflictos más ágiles. Los acuerdos transaccionales o conciliatorios seguirán siendo válidos únicamente cuando cuenten con la intervención de autoridades judiciales o administrativas, asegurando que el trabajador siempre esté respaldado por una resolución fundada.
El pulso federal: de los despachos del Congreso a las economías regionales
Aunque el debate de este proyecto de ley tiene su epicentro en el Congreso de la Nación, su verdadera onda expansiva se sentirá en el tejido productivo de cada provincia y municipio del país. El impacto de esta reforma es profundamente local: busca responder a la urgencia de gobernadores e intendentes que enfrentan el desafío crítico de integrar a jóvenes y desempleados en circuitos formales de producción. Hoy, en muchas regiones, la falta de un marco legal viable ha condenado a miles de trabajadores a la precariedad o a la dependencia exclusiva de un empleo estatal que ya no puede expandirse más.
La modernización planteada en el dictamen del 18 de diciembre no solo busca crear empleo, sino asegurar su sostenibilidad. Para las economías regionales —muchas de ellas marcadas por la estacionalidad—, contar con una normativa que reduzca la incertidumbre jurídica es la diferencia entre un contrato temporal precario y un puesto de trabajo productivo que se mantenga en el tiempo. Al hacer que el derecho laboral sea aplicable y realista para una PyME del interior tanto como para una gran empresa exportadora, se sientan las bases para que el sistema recupere su equilibrio.
Estamos, en definitiva, ante la oportunidad de que la ley deje de ser una barrera y se convierta en un puente. La meta final de este proyecto de ley de modernización laboral es que el esfuerzo privado vuelva a ser el motor de ascenso social en Argentina, permitiendo que el trabajo formal sea, una vez más, el camino hacia la estabilidad y la dignidad de las familias en cada rincón del territorio nacional.
