Con una informalidad laboral que supera el 43 %, el Gobierno impulsa una reforma laboral orientada a reducir costos, atraer inversión y mejorar la creación de empleo formal. El impacto potencial alcanza de forma desigual a regiones y sectores clave de la economía.
La informalidad laboral sigue siendo uno de los principales déficits estructurales de la economía argentina. Según los últimos datos del INDEC, el 43,2 % de los trabajadores se desempeña sin aportes ni cobertura social, el nivel más alto desde 2008. La situación afecta especialmente a los jóvenes —seis de cada diez no están registrados— y alcanza a cerca de tres de cada diez adultos.
En ese escenario, el Gobierno impulsa una reforma laboral orientada a reducir el empleo informal y fortalecer la creación de trabajo registrado. La iniciativa no plantea un retroceso en los derechos laborales, sino una adecuación del marco normativo para incentivar la generación de puestos formales y sostenibles, una condición clave para acompañar el crecimiento económico.
El Nacional consultó al abogado Gastón Ferretti, quien analizó el alcance del dictamen de reforma laboral que será debatido en febrero en el Senado de la Nación. El texto, aprobado en comisión el 18 de diciembre de 2025, abre una instancia decisiva para revisar distorsiones estructurales que, desde hace décadas, condicionan el funcionamiento del mercado de trabajo en la Argentina.
Según explicó Ferretti, el marco normativo vigente acumuló rigideces legales, interpretaciones judiciales expansivas y costos indirectos crecientes que terminaron produciendo un efecto contrario al buscado. “Lejos de fortalecer el empleo registrado, el sistema derivó en un estancamiento del trabajo formal, altos niveles de informalidad y una litigiosidad persistente”, advirtió. Ese escenario, agregó, impacta también sobre la sostenibilidad del sistema previsional y la competitividad de la economía.
Desde el punto de vista jurídico, el especialista sostuvo que el dictamen no implica una renuncia a los principios protectores del derecho del trabajo. “Se trata de una actualización normativa razonable y constitucionalmente válida, orientada a adecuar el sistema a la realidad productiva actual”, afirmó. En ese sentido, recordó que el artículo 14 bis garantiza derechos laborales fundamentales, pero no consagra un modelo rígido ni inmodificable.
Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la recomposición de la seguridad jurídica, hoy debilitada por normas ambiguas, criterios jurisprudenciales dispares y esquemas indemnizatorios imprevisibles. Ferretti señaló que muchos conflictos laborales no surgen de incumplimientos deliberados, sino de un marco normativo confuso que convierte al litigio en un riesgo permanente. “Ordenar y clarificar el sistema no es desproteger al trabajador, sino preservar el empleo”, sostuvo.
La reforma también apunta a uno de los problemas estructurales del mercado laboral argentino: la informalidad, que se mantiene por encima del 30 % desde hace más de cuatro décadas. Cuando la contratación formal implica un riesgo jurídico elevado, explicó Ferretti, el sistema termina excluyendo a los propios trabajadores que busca proteger. Facilitar la registración y adaptar las modalidades contractuales a las dinámicas actuales aparece como una vía para ampliar derechos efectivos.
En esa misma línea, el economista Aldo Abram -Director de la Fundaciòn Libertad y Progreso- aclaró que la reforma laboral no alcanza al Estado ni a los empleados públicos, que cuentan con un régimen específico por razones constitucionales. “La discusión está centrada exclusivamente en el empleo del sector privado”, subrayó.
Abram advirtió que la generación de empleo privado formal depende directamente de la inversión, pero señaló que, incluso en períodos de crecimiento, la Argentina mostró una capacidad muy limitada para transformar expansión económica en nuevos puestos de trabajo. “El vínculo entre crecimiento del PBI o de la inversión y creación de empleo es anormalmente bajo frente a los estándares internacionales”, explicó.
Ese desfasaje, sostuvo, se tradujo en una caída sostenida del empleo privado formal durante las últimas décadas, en particular desde 2011. Para Abram, la principal causa es un marco laboral que desincentiva la contratación, sobre todo en las pymes. “La legislación actual vuelve extremadamente litigiosa la toma de un empleado y empuja a las empresas a invertir en tecnología para producir más con menos personal”, señaló.
Por último, el economista advirtió que una reforma superficial no alcanzará para revertir el problema. “Si se trata solo de hacer parches, no se va a resolver nada. La reforma tiene que ser seria y profunda, porque la legislación laboral vigente es uno de los principales obstáculos para la creación de empleo privado formal”, concluyó.
Enlace original: https://www.diarioelnacional.com.ar/borrador-areforma-laboral-e-inversion-el-impacto-potencial-en-el-empleo-formal-y-los-sectores-mas-expuestosutomatico/
