El contexto: una reforma laboral envuelta en misterio
Mientras el Gobierno mantiene el hermetismo sobre los detalles de la reforma laboral que se presentaría el próximo 9 de diciembre, junto con las iniciativas del Pacto de Mayo, un problema estructural sigue creciendo sin solución a la vista: la litigiosidad laboral.
Aunque el debate público se concentra en el costo de los despidos, los datos muestran que el verdadero dolor de cabeza para los empleadores argentinos proviene de los juicios laborales, que se multiplican año a año y ponen en jaque al sistema de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART).
Según estimaciones de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), para enero de 2026 se habrán acumulado 131.796 juicios por riesgos del trabajo, y el 90% de ellos corresponde a enfermedades que no dejan secuelas. Esto significa que la mayoría de las demandas no están asociadas a incapacidades permanentes ni a lesiones graves.
Causas detrás del aumento de los juicios
La presidenta de la UART, Mara Betiol, explicó en una entrevista con Ámbito Financiero que “el 90% de los juicios ingresados son de cero incapacidad”. Es decir, los trabajadores que inician demandas lo hacen por dolencias o accidentes que no dejan secuelas permanentes, como esguinces, lumbalgias o dolores de espalda.
En estos casos, la ART evalúa el cuadro médico y, si corresponde, paga una indemnización según el listado de incapacidades establecido por ley. El proceso se realiza a través de las Comisiones Médicas, organismos encargados de determinar el grado de discapacidad.
Sin embargo, cuando el trabajador no queda conforme con la resolución, puede acudir a la Justicia, y allí comienzan los conflictos.
Cómo funciona el sistema de ART
El sistema de Riesgos del Trabajo se creó para garantizar cobertura médica y compensaciones económicas a los empleados que sufren enfermedades o accidentes laborales. Las ART financian tratamientos, rehabilitación e indemnizaciones, según las incapacidades que establecen las Comisiones Médicas.
El procedimiento es administrativo, pero judicializable. Cuando un trabajador recurre a la Justicia, el reclamo se transforma en un juicio laboral y se abren múltiples interpretaciones médicas.
En teoría, deberían intervenir Cuerpos Médicos Forenses independientes, que revisen los dictámenes con los mismos criterios técnicos que las Comisiones Médicas. Sin embargo, hasta hoy, casi ninguna provincia los ha implementado, generando un vacío legal que alimenta la litigiosidad.
Una paradoja judicial: más juicios en los casos leves
Según Betiol, los juicios no se concentran en los accidentes graves, sino en los menores. “Los casos de incapacidades reales son el 10%, que incluyen fallecimientos y lesiones evidentes, pero esos no son motivo de conflicto”, explicó.
En cambio, los litigios suelen aparecer en los casos donde la incapacidad es discutible. En palabras de la directiva, “cuando las Comisiones Médicas determinan cero discapacidad, la Justicia termina otorgando, en promedio, un 14% de incapacidad”.
Esto genera una distorsión que incentiva los reclamos y, al mismo tiempo, incrementa los costos judiciales y aseguradores.
Las grietas del sistema judicial
La Justicia laboral es provincial, y cada jurisdicción aplica su propio criterio. No obstante, la Ley de Riesgos del Trabajo, modificada en 2017, fijó un procedimiento unificado que las provincias deben adoptar mediante leyes locales de adhesión.
Hasta el momento, 18 provincias se sumaron, pero ninguna ha creado los Cuerpos Médicos Forenses exigidos por la ley nacional.
En la práctica, cada juez convoca a peritos propios, cuyos honorarios se calculan como porcentaje del monto del juicio. Este mecanismo incentiva, según la UART, a “engrosar” las incapacidades para aumentar el valor del reclamo.
“Lo más gráfico de que esas determinaciones no obedecen a ninguna discapacidad real es que hay modas en cada jurisdicción. En Córdoba estaban de moda las incapacidades psicológicas”, ilustró Betiol.
Casos emblemáticos que exponen el sistema
Entre los ejemplos más llamativos mencionados por la UART se encuentran:
-
Un camionero que recibió una compensación de $300 millones tras serle asignada una discapacidad del 107%.
-
Un empleado que practicaba motocross, quien se presentaba en las audiencias con un cuello ortopédico, mientras en redes sociales publicaba fotos conduciendo su moto. Recibió un 39% de incapacidad.
-
Un perito judicial que firmó más de veinte dictámenes mientras estaba internado en terapia intensiva.
Estos casos, aunque extremos, reflejan una realidad cotidiana: un sistema con incentivos cruzados y sin controles técnicos homogéneos.
Impacto económico: el costo que frena el empleo
El efecto de la litigiosidad no se limita a los tribunales. Para las ART y los empleadores, representa un costo creciente que encarece la contratación formal.
Según la UART:
-
Para cubrir los costos normales, las ART deberían cobrar una alícuota del 2,19% del salario.
-
Hoy perciben 2,85%.
-
Con la litigiosidad actual, deberían cobrar 3,35%.
-
Si ajustaran la alícuota para cubrir la litigiosidad futura, el valor subiría hasta 5,15%.
En otras palabras, los juicios laborales agregan entre 1 y 3 puntos porcentuales adicionales al costo laboral, sin traducirse en mayor protección para los trabajadores.
Una propuesta para descomprimir el sistema
Desde la UART impulsan una solución concreta: establecer honorarios fijos para los peritos forenses, desligados del resultado del juicio. De este modo, se eliminaría el incentivo económico para inflar incapacidades.
Para ello, cada provincia debería crear los Cuerpos Médicos Forenses previstos por ley, dependientes de las Supremas Cortes o de los Consejos de la Magistratura, según la jurisdicción. Sin embargo, hasta ahora, ninguna lo hizo, argumentando falta de presupuesto.
La falta de aplicación plena del sistema provoca una sobrecarga judicial que afecta tanto a empleadores como a las propias ART, que deben destinar más recursos al litigio que a la prevención y la medicina laboral.
Un sistema asegurador en riesgo
Los 131.796 juicios laborales abiertos están repartidos entre apenas 23 ART activas. Eso significa que cada aseguradora enfrenta en promedio 5.730 litigios, lo que genera un enorme costo administrativo y legal.
En este contexto, la litigiosidad se convierte en un obstáculo directo para la creación de empleo formal. Los empresarios evalúan no solo el salario y las cargas sociales, sino también el riesgo de enfrentar un juicio imprevisible.
Comparación internacional: el espejo de España
El contraste con otros países es notable. En España, una incapacidad menor al 33% no es indemnizable, y aun así la conflictividad judicial es diez veces menor que en Argentina.
La diferencia no radica solo en la ley, sino en su aplicación efectiva. Allí, los peritos dependen del sistema público y sus dictámenes tienen carácter vinculante, lo que reduce los márgenes de discrecionalidad.
La necesidad de una reforma integral
El problema de los juicios laborales no se resuelve únicamente con una reforma legal. Requiere una reforma institucional y técnica, que combine eficiencia judicial, criterios médicos unificados y transparencia en la determinación de incapacidades.
Sin estas medidas, el sistema seguirá alimentando un círculo vicioso: más litigios, más costos y menos empleo formal.
Conclusión
Mientras se espera la presentación oficial de la reforma laboral, la creciente litigiosidad laboral se consolida como uno de los principales desafíos estructurales del mercado de trabajo argentino.
Resolverlo implica modernizar los procesos judiciales, fortalecer las Comisiones Médicas y, sobre todo, aplicar las leyes ya vigentes. De lo contrario, el país seguirá atrapado en un esquema donde cada juicio laboral representa un paso atrás para la generación de empleo y la competitividad del sector productivo.
