Autora: Cr. Elisabet María Piacentini – Tributarista especialista en PyMEs
La reciente reforma introducida por la llamada “ley de inocencia fiscal” (Ley 27.799) generó un cambio profundo en el régimen sancionatorio de la Ley de Procedimiento Tributario 11683, particularmente en materia de infracciones formales.
Si bien el objetivo declarado fue actualizar montos que habían quedado desfasados por efecto de la inflación, el resultado concreto fue un incremento exponencial —en muchos casos superior al 75.000%— que hoy plantea un serio problema de razonabilidad del sistema.
El problema: multas desproporcionadas para incumplimientos formales
Hoy nos encontramos con situaciones donde:
- Una simple falta de presentación de una declaración jurada puede generar multas de $220.000 a $440.000.
- Incumplimientos informativos pueden alcanzar cifras de hasta $10.000.000 o más.
- Determinadas infracciones llegan incluso a montos millonarios que ponen en riesgo la continuidad de una PyME.
Esto no es menor: estamos hablando de incumplimientos formales, muchas veces sin perjuicio fiscal directo.
Un punto clave: estamos en materia sancionatoria penal
No hay que perder de vista algo fundamental:
El régimen sancionatorio tributario tiene naturaleza penal, lo que implica que deben respetarse principios básicos como:
- Proporcionalidad
- Razonabilidad
- Culpabilidad
Tal como lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, no puede haber sanción sin culpa, ni penas desmedidas frente a la conducta.
El impacto real: riesgo para PyMEs y profesionales
En la práctica, este nuevo esquema genera un efecto muy concreto:
- Las grandes empresas pueden absorber estas multas.
- Las PyMEs y estudios profesionales no.
El resultado es claro:
👉 una multa formal puede transformarse en un factor de cierre de actividad
Esto afecta directamente el principio de empresa en marcha y atenta contra el entramado productivo.
El problema de fondo: falta de graduación
Hoy el sistema sanciona igual a:
- Una gran empresa
- Una PyME
- Un pequeño contribuyente
Esto es técnicamente incorrecto.
No todos los contribuyentes tienen:
- la misma capacidad económica
- el mismo nivel de organización
- ni el mismo impacto fiscal
La solución: un proyecto de ley para graduar las multas
Frente a este escenario, resulta imprescindible impulsar un proyecto de ley que establezca la graduación de las multas fiscales.
¿Qué debería contemplar?
🔹 Escalamiento según tamaño del contribuyente
- Micro, pequeñas y medianas empresas
- Grandes contribuyentes
🔹 Reducción para infracciones formales sin perjuicio fiscal
🔹 Parámetros objetivos de graduación
- Facturación
- Nivel de ingresos
- Reincidencia
🔹 Topes razonables vinculados a la capacidad contributiva
Un cambio necesario para equilibrar el sistema
No se trata de eliminar sanciones.
Se trata de hacerlas justas.
Porque hoy el sistema:
- castiga en exceso
- desalienta el cumplimiento
- y genera más riesgo que incentivo
Conclusión: sin graduación, no hay equidad
El aumento de multas era necesario.
Pero sin un esquema de graduación, el sistema pierde legitimidad.
👉 Hoy más que nunca, se necesita una ley que:
- restablezca la proporcionalidad
- proteja a las PyMEs
- y garantice un sistema sancionatorio razonable
Porque no se puede medir con la misma vara a todos los contribuyentes.
