Un relevamiento nacional midió las alícuotas de la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene y encontró diferencias de hasta 72 veces entre municipios por el mismo servicio. El problema de fondo no es cuánto se cobra: es que se calcula sobre la facturación y no sobre el costo de inspeccionar.
La Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene —TISH, TSH o cualquiera de las siglas que adopta según el municipio— es probablemente el tributo local que más discusiones genera y menos se explica. Una investigación publicada por Argentina en Datos relevó cómo se cobra en todo el país y el resultado ordena el debate con números.
Qué dice el relevamiento
La dispersión de alícuotas es el dato más elocuente:
- Mínima: 0,05% — Zapala
- Máxima: 3,60% — Villa Carlos Paz
- Mediana nacional: 0,78%
Entre el municipio que menos cobra y el que más cobra hay una diferencia de 72 veces. No 72 por ciento: 72 veces.
La pregunta que se abre sola es qué justifica esa brecha. Inspeccionar un local comercial, verificar las condiciones de seguridad e higiene y controlar que la actividad cumpla la normativa cuesta aproximadamente lo mismo en Zapala que en Villa Carlos Paz. La diferencia no está en el servicio. Está en la base sobre la que se calcula.
El problema no es cuánto, es cómo se calcula
Acá está el núcleo del planteo, y es conceptual antes que económico.
Una tasa, en el derecho tributario argentino, es la contraprestación por un servicio público efectivamente prestado. Su monto debe guardar relación con el costo de prestar ese servicio. Un impuesto, en cambio, se cobra sin contraprestación directa y puede calcularse sobre la capacidad contributiva del obligado.
Cuando un municipio cobra un porcentaje de la facturación, está usando la mecánica de un impuesto y llamándola tasa. Y no es una discusión de etiquetas: los municipios no tienen potestad para crear impuestos que se superpongan con los coparticipados, y la Ley de Coparticipación Federal N° 23.548 es explícita al respecto.
El relevamiento lo resume en una línea que vale la pena retener: una tasa genuina cobra el costo del servicio, no un porcentaje de lo que facturás.
Cuánto cambia en la práctica
El trabajo modela el caso de una fábrica de 2.000 m². Bajo el esquema actual, con una alícuota del 0,9% sobre facturación, pagaría $10.800.000 al año. Bajo una estructura calculada sobre superficie y nivel de riesgo —es decir, sobre lo que realmente determina cuánto cuesta inspeccionarla— pagaría $354.000 al año.
La diferencia es de más de treinta veces por el mismo servicio de inspección sobre el mismo establecimiento. Todo lo que excede el costo del servicio no es tasa: es otra cosa.
Hay además un efecto que golpea especialmente a la pyme industrial: como la base es la facturación, la tasa crece cuando la empresa vende más, aunque no reciba una sola inspección adicional. El tributo castiga el crecimiento sin ninguna relación con el servicio que dice financiar.
Lo que ya dijo la Justicia
Esta discusión no es nueva ni es una interpretación audaz. Hay jurisprudencia consolidada:
- «Laboratorios Raffo c/ Municipalidad de Córdoba» (CSJN, 2009), el precedente central sobre la exigencia de un servicio efectivamente prestado.
- «Quilpe S.A.» (CSJN, 2012).
- «Coca Cola FEMSA c/ Municipalidad de La Matanza» (2022).
La línea que atraviesa los tres fallos es la misma: sin servicio concreto, efectivo e individualizado sobre el contribuyente, no hay tasa que se sostenga.
Hay municipios que lo hacen distinto
El relevamiento identifica 20 municipios que ya cobran la TISH como monto fijo, sin atarla a la facturación, concentrados principalmente en Mendoza, San Juan y Neuquén.
Es un dato que conviene subrayar, porque desarma el argumento de que no hay alternativa posible. La alternativa existe, está funcionando y no dejó a esos municipios sin financiamiento para inspeccionar.
La posición de UNEPP
Desde UNEPP sostenemos que el debate sobre la TISH es el mismo debate que venimos dando sobre habilitaciones, permisos y regímenes de recaudación anticipada: el Estado tiene facultades, y esas facultades tienen límites.
Un municipio puede y debe inspeccionar. Puede y debe cobrar por hacerlo. Lo que no puede es usar el poder de policía como excusa para montar un impuesto a las ventas que la Constitución y la ley de coparticipación no le permiten crear.
Para la pyme el efecto es concreto y acumulativo. La misma empresa paga Ingresos Brutos sobre su facturación en la provincia, sufre retenciones y percepciones anticipadas sobre esa misma facturación, y encima paga una tasa municipal calculada, otra vez, sobre la misma facturación. Tres capas sobre la misma base, cada una con su lógica propia y ninguna mirando el total. El resultado es una presión efectiva que nadie diseñó pero que todos los días alguien paga.
Lo que proponemos no es que los municipios dejen de cobrar. Es que la TISH vuelva a ser lo que su nombre dice: una tasa, calculada sobre parámetros vinculados al costo real del servicio —superficie, nivel de riesgo, frecuencia de inspección—, publicada de manera transparente y con criterios comparables entre jurisdicciones.
Un empresario que quiere instalar una planta debería poder calcular cuánto va a pagar de tasa municipal antes de decidir dónde instalarla. Hoy, con 72 veces de diferencia entre extremos y sin criterio explicable, esa previsibilidad no existe. Y sin previsibilidad no hay inversión.
Fuentes
- Argentina en Datos, «La TISH no es una tasa», febrero de 2026. Incluye calculadora interactiva y modelo de acción judicial descargable. Ver la investigación
UNEPP — Unión Nacional de Emprendedores, Pymes y Productores
